Toluca, Méx.- Al afirmar que el feminicidio es un delito que no se puede tolerar ni permitir que se eternice y se instale de forma permanente en la vida de las víctimas indirectas, Anais Miriam Burgos Hernández propuso que el sujeto activo de este delito pierda todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y la patria potestad, tutela, guarda y custodia sobre los menores hijos que queden en estado de orfandad.
Al suspenderle o quitarle la patria potestad sobre sus hijos al padre feminicida, se les permitirá a los menores generar nuevos lazos afectivos con familiares que se preocupen por ellos y estén dispuestos a brindarles amor, protección, seguridad y el entorno favorable que requieren para su desarrollo y la superación de ese hecho violento y traumático, indicó la legisladora.
La legisladora señaló que en Puebla se impulsó una ley similar; mencionó que el padre feminicida puede representar un obstáculo para intentar sanar el daño emocional creado por la ausencia física de su madre y la violencia experimentada, además de ser una fuente inagotable de revictimización y de peligro para su integridad física y también emocional y psicológica.
De acuerdo con la iniciativa, la sanción por homicidio, que es de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia, se aplicará también cuando se cometa frente a los hijos de la víctima directa. Además, se perderá la patria potestad de los hijos en común, por auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio o en grado de tentativa.
Señaló que en la entidad, la violencia feminicida contra mujeres y niñas no solo se ha elevado de manera sostenida en los últimos años, también se ha extendido y abarca un mayor número de municipios mexiquenses.
Entre 2015 y 2021 se registraron en la entidad tres mil 99 homicidios intencionales de mujeres y niñas, cantidad que supera el conjunto de feminicidios, que sumaron 735, y de homicidios intencionales, que fueron dos mil 23.
